El sindicato explicó que esta iniciativa surge tras sus reivindicaciones para hacer frente a “las situaciones conflictivas que afrontan a diario las personas que trabajan de cara al público” y que “atienden a personas en muchos casos, en situación desesperada”, por encontrarse en paro o carecer de derecho a prestaciones o subsidios.
En cualquier caso, los trabajadores del SEPE, como funcionarios, cuentan ya con garantías jurídicas dentro de la Administración Pública, según recordaron fuentes del Ministerio de Empleo a Servimedia. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CSI-F ha obtenido el compromiso de la Administración para poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a estos casos en el conjunto de las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas “han ido en aumento”.
La póliza de seguro ofrecerá asistencia letrada específica garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales.
En caso de agresión física, Empleo ha habilitado un teléfono especial (902 42 56 27), en el los trabajadores tendrán a su disposición a un abogado para informe del alcance de los derechos que con carácter general le asisten y la mejor manera para defenderse.
Las principales causas de incidentes son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora, según destaca CSI-F de un informe de la propia Administración.
Según CSI-F, Empleo es consciente de que el número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido, 123 en todo 2013, por la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias de los usuarios y anima a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones.
En este sentido, dijo coincidir en que las comunicaciones “no reflejan la realidad”, ya que solo en el último año se realizaron más de 13 millones de gestiones cara al público y que se producen llamadas a la policía prácticamente a diario.
El departamento de Fátima Báñez, añade CSI-F, advierte además de que las agresiones se producen en mayor medida sobre mujeres, con un 52% frente al 36,5% de los hombres, al ser mayoría en la plantilla, y recoge en su informe nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado, como la grabación por móvil a los trabajadores, la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.
“Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas”, señaló CSI-F.
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